Por: Bryan Condor |
La hipótesis fiscal de que los Rolex que luce la mandataria serían un regalo contraviene la disposición dada por la Casa de Gobierno.
El caso Rolex ha complicado a la presidenta, Dina Boluarte, quien fue citada por la Fiscalía para aclarar el origen del lujoso reloj Rolex Datejust 36 que lució en diferentes actividades protocolares. Los cuestionamientos han escalado a tal magnitud que el fiscal de la Nación interino, Juan Villena, ha ordenado que se la investigue por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y la omisión de consignar este exclusivo accesorio en su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas.
Una de las hipótesis del origen del Rolex de oro rosa que luce la muñeca presidencial es que fue un regalo del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, confeso coleccionista de relojes de esa prestigiosa marca con un historial de hacer este tipo de regalos a otras autoridades.
Si bien, Oscorima ha negado haber sido el benefactor de la jefa de Estado -a pesar de haber reconocido haber comprado un reloj del mismo modelo-, la tesis del regalo tiene un segundo sospechoso; el también gobernador Werner Salcedo.
El titular del GORE Cusco fue captado luciendo relojes Rolex en eventos oficiales, pero sorteó los cuestionamientos de la prensa señalando que los accesorios eran simples imitaciones que le regalaron por su cumpleaños y aseguró que no cuestionó la autenticidad de sus “Rolex” porque “a caballo regalado, no se le miran los dientes”.
Sin embargo, la recepción de estos regalos contraviene una directiva vigente de Palacio de Gobierno.
Prohibición
En efecto, la directiva 002-2021-DP/SSG, aprobado por la Subsecretaría General de la Casa de Gobierno, aprobó un protocolo para el “tratamiento de regalos, donaciones, cortesías y beneficios similares en el Despacho Presidencial”. El artículo 8 de del dispositivo legal dice expresamente que los trabajadores de esta dependencia tienen prohibido pedir o recibir dádivas que “son percibidos como actos de corrupción o que genere conflicto de intereses con la finalidad de decidir o influir en las decisiones de la administración pública”.
Como se ve, la directiva busca evitar que se produzcan cuestionamientos de favorecimiento gracias a regalos. Precisamente, existe una controversia por la transferencia de S/ 100 000 000 a Ayacucho para la ejecución de proyectos, lo que representaría un aumento respecto al año anterior.