{"id":753564,"date":"2025-06-12T06:00:00","date_gmt":"2025-06-12T11:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/caretas.pe\/?p=753564"},"modified":"2025-06-12T06:00:00","modified_gmt":"2025-06-12T11:00:00","slug":"cuando-la-cidh-dejo-postular-a-alan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ebrucemo.com\/caretas\/?p=753564","title":{"rendered":"Cuando la CIDH Dej\u00f3 Postular a Alan"},"content":{"rendered":"\n

Mart\u00edn Vizcarra ha vuelto al centro del debate pol\u00edtico. Su aparici\u00f3n con el 15 % en la \u00faltima encuesta de CPI \u2013a pesar de inhabilitaciones vigentes y una posible sentencia judicial en camino\u2013 ha generado cr\u00edticas y suspicacias. Pero detr\u00e1s del ruido actual se esconde un precedente hist\u00f3rico que poco se ha recordado: el caso de Alan Garc\u00eda en el a\u00f1o 2001.<\/p>\n\n\n\n

En 1986, Garc\u00eda fue declarado reo contumaz por la justicia peruana, lo que bloque\u00f3 su regreso al pa\u00eds tras dejar la presidencia en 1990. El proceso judicial estaba vinculado a presuntas irregularidades en la compra de aviones Mirage durante su primer gobierno. Sin embargo, fue la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que marc\u00f3 un punto de inflexi\u00f3n: tras evaluar la petici\u00f3n del exmandatario presentada en agosto de 1996, concluy\u00f3 en marzo de 1999 que su demanda era admisible y que su condici\u00f3n de reo contumaz vulneraba derechos fundamentales. Por lo tanto, recomend\u00f3 al Estado peruano su anulaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la posici\u00f3n de la defensa del expresidente, la llamada \u201cLey de Contumacia\u201d, aprobada por el Congreso en junio de 1996 \u2013que estableci\u00f3 que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal se interrumpe cuando el juez declara el reo como \u201ccontumaz\u201d\u2013, fue \u201cdictada con nombre propio, para afectar el derecho de Alan Garc\u00eda y evitar una eventual prescripci\u00f3n de su causa\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Pero el gobierno de Fujimori era autoritario y pasar\u00eda un tiempo para que la decisi\u00f3n de la CIDH, en estricto no vinculante a diferencia de las de la Corte Interamericana, tome forma en el Per\u00fa. En el camino, en julio del mismo 1999, lleg\u00f3 la que fue conocida como ley \u201cAnti Alan\u201d, promovida por Fernando Olivera y Lourdes Flores Nano, que propon\u00eda que aquellos que hayan sido declarados contumaces o sufrido condena por delitos dolosos, o tengan juicio pendiente por acusaci\u00f3n constitucional, no podr\u00edan ser candidatos a la Presidencia de la Rep\u00fablica o al Congreso.<\/p>\n\n\n\n

Dicha ley fue derogada por el mismo Congreso el 1 de diciembre de 2000, a la semana siguiente de la renuncia por fax de Alberto Fujimori. Por entonces, desde Colombia, Garc\u00eda ya preparaba su regreso al Per\u00fa.
Con diligencia, el ministro de Justicia del gobierno de Transici\u00f3n, Diego Garc\u00eda Say\u00e1n, deriv\u00f3 a la Corte Suprema las decisiones de la CIDH. El Poder Judicial acat\u00f3. Al hacerlo, los plazos para una eventual sanci\u00f3n penal prescribieron y Alan Garc\u00eda pudo inscribir su candidatura presidencial. En 2001, no solo particip\u00f3, sino que lleg\u00f3 a segunda vuelta.<\/p>\n\n\n\n

El caso de Vizcarra es distinto y quiz\u00e1 m\u00e1s complejo, pero remite al mismo principio: el derecho a la participaci\u00f3n pol\u00edtica. El expresidente ha presentado una medida cautelar ante la CIDH para revertir sus inhabilitaciones, basadas en decisiones del Congreso. Las inhabilitaciones por su vacunaci\u00f3n inapropiada contra la COVID-19 y las omisiones en su declaraci\u00f3n jurada pueden resultar cuestionables, aunque son atribuciones del Congreso. Su defensa, encabezada por Alejandro Salas, invoca el precedente colombiano de Gustavo Petro, que a diferencia de Vizcarra fue inhabilitado por acto administrativo como alcalde, y sostiene que los mecanismos utilizados por el Parlamento peruano no respetaron el debido proceso.<\/p>\n\n\n\n

Pero Vizcarra enfrenta adem\u00e1s un pedido fiscal de 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n por recibir presuntas coimas de S\/ 2,3 millones cuando fue gobernador de Moquegua. Se trata de un proceso judicial con poco margen de dudas, y la sentencia se espera en un par de meses.<\/p>\n\n\n\n

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Con sangre fr\u00eda y retirada su inscripci\u00f3n del partido, Vizcarra sigue en campa\u00f1a. A diferencia de Garc\u00eda, una sentencia lo espera a la vuelta de la esquina.<\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

A diferencia de Garc\u00eda, Vizcarra no est\u00e1 impedido f\u00edsicamente de regresar al pa\u00eds, ni enfrenta una orden de detenci\u00f3n. Pero su eventual candidatura, hoy imposible, depender\u00e1 de decisiones a\u00fan pendientes del Tribunal Constitucional y, eventualmente, de la propia CIDH.<\/p>\n\n\n\n

Vizcarra enfrenta una situaci\u00f3n m\u00e1s compleja. M\u00e1s all\u00e1 de su fragilidad y la posici\u00f3n de algunos pa\u00edses, el gobierno de Dina Boluarte no tiene el mismo rechazo internacional que en su momento ten\u00eda el de Fujimori. Una cosa es ser sancionado por una democracia bastante destartalada y otra perseguido por una administraci\u00f3n autoritaria y corrupta que buscaba perpetuarse.<\/p>\n\n\n\n

Ha trascendido que los dos recursos de amparo contra las inhabilitaciones presentados por Vizcarra ante el TC no le resultar\u00edan favorables. Ya el m\u00e1ximo ente constitucional ratific\u00f3 en diciembre la decisi\u00f3n que le impide ejercer como Congresista. Tambi\u00e9n se sabe que Vizcarra ya present\u00f3 dos cautelares ante la CIDH que no han recibido respuesta. Y estar\u00eda por presentar la tercera.<\/p>\n\n\n\n

Del mismo modo, adem\u00e1s de las inhabilitaciones Vizcarra tiene sobre el pescuezo una espada de Damocles con su inminente sentencia. De acuerdo con la normativa actual, las personas con sentencia condenatoria en primera instancia, que se encuentra vigente por cualquier delito doloso, no podr\u00e1n postular a cargos de elecci\u00f3n popular en los comicios de 2026.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, ser\u00e1 el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional presidido por Fernanda Ayasta, el que decidir\u00e1 si, en el caso de una sentencia condenatoria, Vizcarra se va de frente preso o puede esperar a la decisi\u00f3n de segunda instancia. El caso del expresidente Ollanta Humala, hoy en el Penal de Barbadillo a la espera de su proceso de apelaci\u00f3n, marca un antecedente.<\/p>\n\n\n\n

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Garc\u00eda pas\u00f3 casi una d\u00e9cada fuera del pa\u00eds. Volvi\u00f3 de Colombia en 2001. <\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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