El Poder Judicial rechaz\u00f3 la solicitud presentada por la presidenta Dina Boluarte para anular la denuncia constitucional en su contra por haber desactivado el equipo especial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupci\u00f3n del Poder (Eficcop). El Juzgado Supremo de Investigaci\u00f3n Preparatoria consider\u00f3 infundada la tutela de derechos solicitada por la mandataria y valid\u00f3 las pruebas entregadas por el Ministerio P\u00fablico al Congreso.<\/p>\n\n\n\n
La defensa de Boluarte alegaba una presunta vulneraci\u00f3n del derecho a la motivaci\u00f3n, argumentando que no se justificaba el secreto de las declaraciones testimoniales de los agentes encubiertos \u201cRen\u00e9\u201d y \u201cCarlos\u201d, ni la ampliaci\u00f3n de las declaraciones de varios implicados. Sin embargo, el juez supremo Juan Carlos Checkley precis\u00f3 que la solicitud hab\u00eda sido presentada fuera del plazo de competencia, ya que la denuncia constitucional hab\u00eda sido presentada ante el Congreso en noviembre de 2024.<\/p>\n\n\n\n
El juez explic\u00f3 que, dado que el caso est\u00e1 en el fuero parlamentario, no corresponde al Poder Judicial resolver la tutela de derechos solicitada. Por lo tanto, la denuncia seguir\u00e1 su curso dentro del Congreso de la Rep\u00fablica. Esta decisi\u00f3n refuerza el proceso judicial en curso sobre la actuaci\u00f3n de la presidenta en relaci\u00f3n con el equipo fiscal desactivado.<\/p>\n\n\n\n
El caso ha generado gran expectaci\u00f3n, ya que la denuncia constitucional involucra a la mandataria en un asunto relacionado con la corrupci\u00f3n y la manipulaci\u00f3n de investigaciones clave. La continuaci\u00f3n del proceso parlamentario podr\u00eda tener implicancias importantes para su gobierno y el panorama pol\u00edtico en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
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