{"id":751223,"date":"2025-05-29T06:00:00","date_gmt":"2025-05-29T11:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/caretas.pe\/?p=751223"},"modified":"2025-05-29T06:00:00","modified_gmt":"2025-05-29T11:00:00","slug":"desierto-de-gestion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ebrucemo.com\/caretas\/?p=751223","title":{"rendered":"Desierto de Gesti\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n

Fugas, armas y wifi clandestino evidencian el colapso del sistema penitenciario peruano, donde casi 100 mil internos se hacinan en c\u00e1rceles con capacidad para menos de la mitad. En medio del caos, el Megapenal de Ica, paralizado desde 2020, simboliza la desidia estatal: su costo ya supera los S\/ 700 millones, pero el presupuesto actual apenas alcanza para tr\u00e1mites. Mientras tanto, el Gobierno apuesta por privatizar el control penitenciario y el Congreso lanza propuestas radicales como trasladar reos al extranjero. La soluci\u00f3n parece tan incierta como el futuro de la infraestructura carcelaria en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

En los \u00faltimos meses, la crisis del sistema penitenciario peruano ha estallado en forma de titulares explosivos: armas, celulares, redes wifi clandestinas y fugas se han detectado incluso en penales de m\u00e1xima seguridad. Esta situaci\u00f3n, lejos de ser aislada, confirma el colapso estructural de una red penitenciaria obsoleta, sobrepoblada y peligrosamente desatendida por d\u00e9cadas.
En medio de esta debacle, el Megapenal de Ica, que promet\u00eda ser el establecimiento carcelario m\u00e1s grande y moderno del Per\u00fa, sigue siendo una gran mancha en el expediente del Estado. Paralizada desde 2020, la obra apenas ha avanzado en medio de disputas contractuales y una cadena de omisiones. Ahora, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ha reactivado el proyecto, pero los obst\u00e1culos financieros y administrativos siguen presentes.
Iniciado en 2018 con una inversi\u00f3n proyectada de S\/ 380 millones, hoy se estima que costar\u00e1 m\u00e1s de S\/ 700 millones. El saldo pendiente es de S\/ 503 millones, pero para 2024 solo se han destinado S\/ 30 millones. Este presupuesto solo alcanza para culminar un nuevo expediente t\u00e9cnico, sin avances f\u00edsicos en obra. El penal, ubicado en el distrito de Santiago, Ica, est\u00e1 dise\u00f1ado para albergar a 3168 reclusos en 944 celdas.
Sin embargo, su impacto real es limitado: apenas cubrir\u00eda el 5,7 % del d\u00e9ficit actual. Y es que, seg\u00fan datos del INPE, el pa\u00eds tiene 98 271 internos, pero una capacidad de solo 41 000 espacios. Existen 69 penales en todo el pa\u00eds, donde ya se alojan cerca de 99 700 internos. De ellos, 50 presentan hacinamiento cr\u00edtico, con algunos superando el 300 % de capacidad. A esta realidad se suma otro dato: no se ha construido una c\u00e1rcel nueva en m\u00e1s de siete a\u00f1os.
Frente a este escenario, el Congreso ha abierto m\u00faltiples frentes legislativos. Proyectos de ley plantean desde privatizar c\u00e1rceles completas hasta crear penales descentralizados y productivos. Una de las iniciativas m\u00e1s pol\u00e9micas la propone la congresista Jhakeline Ugarte, quien sugiere trasladar a internos de alta peligrosidad a c\u00e1rceles de m\u00e1xima seguridad en El Salvador, como parte de un convenio bilateral.
La privatizaci\u00f3n, por ahora, parece ser el rumbo que el Gobierno quiere explorar. El Ejecutivo, a trav\u00e9s del MINJUSDH, alista un Decreto Supremo que autorice la privatizaci\u00f3n del control de ingreso a los penales. Este ser\u00eda el primer paso hacia una eventual concesi\u00f3n integral de la gesti\u00f3n penitenciaria, una idea siempre controversial. La propuesta incluye que los internos realicen trabajo obligatorio y productivo, cuyos ingresos se destinen a cubrir sus necesidades b\u00e1sicas.
En el Congreso, la iniciativa m\u00e1s radical plantea que la construcci\u00f3n y gesti\u00f3n carcelaria pasen a manos privadas mediante concesiones, como proponen Ana Zegarra (Somos Per\u00fa) y Wilson Soto (Acci\u00f3n Popular). Otras iniciativas apuntan a descentralizar los penales hacia regiones, como plantea Isaac Mita (Podemos Per\u00fa), o incluso a trasladar reos condenados por delitos graves a El Salvador, seg\u00fan el proyecto de Jhajkelin Ugarte (Bloque Magisterial). Adem\u00e1s, se propone fomentar c\u00e1rceles productivas, como en el Proyecto de Ley N.\u00ba 5643\/2023-CR, que busca integrar empresas para generar empleo interno. A esto se suman modelos de autosostenibilidad agr\u00edcola y la intenci\u00f3n del MINJUSDH de privatizar el control de ingreso penitenciario. En conjunto, estos proyectos revelan un sistema bajo presi\u00f3n que intenta reinventarse, aunque con escasa articulaci\u00f3n y sin una reforma integral a la vista.
Lo cierto es que el sistema penitenciario peruano est\u00e1 colapsado, y los proyectos como el Megapenal de Ica \u2013m\u00e1s s\u00edmbolo del abandono que de la modernizaci\u00f3n\u2013 no alcanzan para revertir una realidad que se ha salido de control.<\/p>\n\n\n\n

TC AMPLI\u00d3 PLAZO PARA REDUCIR HACINAMIENTO CARCELARIO HASTA 2030<\/strong>
Al cierre de la presente nota el Tribunal Constitucional (TC) resolvi\u00f3 ampliar por cinco a\u00f1os m\u00e1s el plazo para que el Estado peruano supere el cr\u00edtico hacinamiento en los penales del pa\u00eds. La medida, tomada a pedido del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), prolonga hasta el a\u00f1o 2030 el cumplimiento de la sentencia emitida en 2020, que hab\u00eda establecido un plazo inicial de cinco a\u00f1os, vencido el pasado 27 de mayo. En su fallo, el TC consider\u00f3 que eventos extraordinarios como la pandemia de Covid-19 y el cicl\u00f3n Yaku afectaron gravemente la capacidad presupuestal del Ejecutivo para implementar reformas estructurales en el sistema penitenciario. A cambio del nuevo plazo, el Tribunal orden\u00f3 que el Minjus y el INPE informen anualmente, en enero, sobre los avances concretos de la Pol\u00edtica Nacional Penitenciaria al 2030. El cumplimiento ser\u00e1 evaluado y podr\u00eda derivar en nuevas disposiciones si no se registran progresos significativos. <\/p>\n\n\n\n

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Seis A\u00f1os sin Escuela de Oficiales<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La promesa de una moderna Escuela de Oficiales de la Polic\u00eda Nacional del Per\u00fa (PNP) en Chorrillos se convirti\u00f3 en un monumento al retraso institucional. Cuatro promociones egresaron sin haber pisado la sede que deb\u00eda formarlos, y el proyecto solo ahora parece reactivarse, tras a\u00f1os de paralizaci\u00f3n, controversias y millones de soles ya desembolsados.<\/p>\n\n\n\n

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En 2019, la emblem\u00e1tica escuela policial de Chorrillos fue desalojada y trasladada temporalmente a la sede de suboficiales en Puente Piedra. La decisi\u00f3n fue parte de un ambicioso proyecto de modernizaci\u00f3n: demoler la vieja infraestructura y construir una nueva sede con apoyo de la Organizaci\u00f3n Internacional para las Migraciones (OIM), encargada del concurso internacional.
La empresa ganadora fue Constructora M\u00e1laga Hnos. S.A., pero la historia pronto se torci\u00f3. Durante la ejecuci\u00f3n del proyecto, M\u00e1laga demoli\u00f3 un pabell\u00f3n que no estaba previsto para ser tumbado en el expediente t\u00e9cnico original. El Estado, en lugar de asumir el cambio como una modificaci\u00f3n contractual, consider\u00f3 que se trat\u00f3 de un exceso unilateral. Esto desat\u00f3 una controversia legal que termin\u00f3 paralizando la obra.
A pesar del litigio, el Estado ya hab\u00eda transferido alrededor de S\/ 200 millones a la constructora, sin que el proyecto avanzara ni se reubicara a los cadetes en instalaciones propias. Cuatro promociones de oficiales se graduaron en sedes improvisadas, sin haber pisado Chorrillos, el coraz\u00f3n hist\u00f3rico de la formaci\u00f3n policial.
El caso retrata otra cara del deterioro del sistema de seguridad: no solo faltan c\u00e1rceles funcionales, como evidencia el caso del penal de Ica, sino que tambi\u00e9n se ha saboteado durante a\u00f1os la formaci\u00f3n institucional de quienes deber\u00edan liderar el combate al crimen.
Reci\u00e9n en 2023, el Ministerio del Interior anunci\u00f3 la reactivaci\u00f3n del proyecto. La empresa China Gezhouba Group Company Limited Sucursal Per\u00fa, el contratista n\u00famero 33 del mundo, asumi\u00f3 la ejecuci\u00f3n de los trabajos.
Sin embargo, la sombra del caso M\u00e1laga persiste: ni el Ministerio del Interior ni la propia OIM han aclarado p\u00fablicamente el destino del dinero ya transferido, ni las responsabilidades por el colapso contractual. El vac\u00edo no es solo f\u00edsico. Tambi\u00e9n es institucional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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