Las agencias del Sistema de Naciones Unidas firmantes expresaron su profunda preocupaci\u00f3n por la reciente promulgaci\u00f3n de la Ley N.\u00ba 32330, que reduce la edad de responsabilidad penal a 16 a\u00f1os en Per\u00fa. Esta medida, se\u00f1alan, vulnera lo establecido por la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o, tratado internacional suscrito por el Estado peruano, que exige un enfoque diferenciado para los adolescentes en conflicto con la ley.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan estad\u00edsticas oficiales, el 98 % de los delitos registrados en el pa\u00eds son cometidos por adultos, lo que indica que la reducci\u00f3n de la edad penal no tendr\u00e1 un impacto significativo en la lucha contra la inseguridad. Por el contrario, advierten que alojar a adolescentes en centros penitenciarios con adultos podr\u00eda agravar su situaci\u00f3n, exponi\u00e9ndolos a influencias negativas y aumentando las probabilidades de reincidencia.<\/p>\n\n\n\n
Las Naciones Unidas reiteraron que, si bien mantener la seguridad p\u00fablica es un objetivo leg\u00edtimo, este debe alcanzarse respetando los principios de la justicia juvenil. Estos principios establecen que los adolescentes deben ser juzgados bajo procedimientos especiales y, en caso de ser privados de libertad, deben permanecer separados de adultos, en condiciones adecuadas a su desarrollo f\u00edsico y emocional.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, las agencias instaron a los Poderes del Estado a considerar la derogaci\u00f3n de la ley y a fortalecer el sistema de justicia penal juvenil con recursos t\u00e9cnicos y econ\u00f3micos. Asimismo, reiteraron su disposici\u00f3n para colaborar con el Estado peruano, ofreciendo apoyo t\u00e9cnico para implementar soluciones efectivas y respetuosas de los derechos humanos de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes.<\/p>\n\n\n\n