La reciente ley que penaliza a adolescentes de 16 y 17 a\u00f1os por delitos graves como extorsi\u00f3n y sicariato ha desatado controversia. Ante esto, la Defensor\u00eda del Pueblo ha recurrido al Tribunal Constitucional, solicitando la suspensi\u00f3n de la norma por vulnerar derechos fundamentales de los adolescentes.<\/p>\n\n\n\n
El comunicado emitido por la Defensor\u00eda se\u00f1ala que la ley contraviene varios tratados internacionales firmados por el Per\u00fa, como la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. Seg\u00fan la entidad, esta normativa desatiende principios fundamentales establecidos en la Constituci\u00f3n y los acuerdos internacionales que protegen a los menores.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de la solicitud de suspensi\u00f3n, la Defensor\u00eda present\u00f3 una medida cautelar excepcional ante el Tribunal Constitucional, buscando frenar los efectos inmediatos de la ley mientras se eval\u00faa su posible derogaci\u00f3n en el Congreso. Esta acci\u00f3n busca prevenir el da\u00f1o irreparable que podr\u00eda causar a los derechos de los adolescentes afectados por la norma.<\/p>\n\n\n\n
Este pedido se enmarca en un debate m\u00e1s amplio sobre c\u00f3mo abordar el aumento de la criminalidad juvenil, en un contexto donde la opini\u00f3n p\u00fablica se encuentra dividida respecto a la eficacia y legalidad de la medida adoptada por el Congreso.<\/p>\n\n\n\n