La raz\u00f3n detr\u00e1s de esta medida es el pase al retiro de 19 generales de la Polic\u00eda Nacional en 2020, una decisi\u00f3n que en su momento gener\u00f3 controversia. Sagasti justific\u00f3 la medida se\u00f1alando que 14 de esos oficiales hab\u00edan estado involucrados en la represi\u00f3n que result\u00f3 en la muerte de los j\u00f3venes Bryan Pintado e Inti Sotelo, mientras que otros enfrentaban investigaciones por fraude y adquisiciones irregulares durante la pandemia. Un tercer grupo hab\u00eda sido separado previamente y repuesto por mandato judicial.<\/p>\n\n\n\n
La discusi\u00f3n sobre el impacto pol\u00edtico de esa decisi\u00f3n es v\u00e1lida. Un gobierno no elegido en las \u00e1nforas\u2014como lo era el de Sagasti, que lleg\u00f3 al poder tras la renuncia de Manuel Merino en medio de protestas masivas\u2014quiz\u00e1s no ten\u00eda el margen suficiente para ejecutar una purga de esta magnitud. Pero de all\u00ed a inhabilitar a un expresidente por una decisi\u00f3n que, en el fondo, era constitucional y aut\u00f3noma, hay un trecho muy grande.<\/p>\n\n\n\n
La iniciativa promovida por los congresistas Jos\u00e9 Cueto y Jorge Montoya apunta a calificar el retiro de los generales como un abuso de autoridad, citando art\u00edculos de la Constituci\u00f3n y del C\u00f3digo Penal. Sin embargo, el argumento es fr\u00e1gil: todo oficial pasado al retiro tiene el derecho de recurrir al Poder Judicial, y muchos lo hacen. De hecho, la presidenta del Poder Judicial enfrenta una investigaci\u00f3n justamente por la no reposici\u00f3n de un polic\u00eda acusado de tramitar vi\u00e1ticos falsos.<\/p>\n\n\n\n
Lo que aqu\u00ed se juega no es solo la interpretaci\u00f3n de una norma. Es, sobre todo, la intenci\u00f3n pol\u00edtica detr\u00e1s de la inhabilitaci\u00f3n. Sagasti, quien ha reiterado en m\u00e1s de una ocasi\u00f3n que no tiene intenciones de postular a la Presidencia, ha aparecido en las encuestas como una figura con cierto nivel de respaldo. En un escenario electoral fragmentado, donde ning\u00fan precandidato despega con claridad, su nombre es visto por algunos sectores de la derecha como una amenaza.<\/p>\n\n\n\n
Pero si esa es la raz\u00f3n detr\u00e1s de este proceso, el Congreso est\u00e1 cometiendo un error grave. No solo porque Sagasti ha sido, parad\u00f3jicamente, el \u00fanico presidente de los \u00faltimos a\u00f1os sin mayores problemas con la justicia, sino porque su gesti\u00f3n, en un contexto extremadamente dif\u00edcil, se caracteriz\u00f3 por el orden y el sentido com\u00fan, algo escaso en la pol\u00edtica peruana reciente.<\/p>\n\n\n\n
M\u00e1s all\u00e1 de si Sagasti aspiraba o no a una candidatura, su presencia en el debate p\u00fablico pod\u00eda ser valiosa en otros espacios: como senador, como articulador de consensos o incluso como un interlocutor en un pa\u00eds sumido en una crisis de representaci\u00f3n. La inhabilitaci\u00f3n busca lo contrario: borrarlo del tablero pol\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n
Esta maniobra es parte de una tendencia m\u00e1s amplia en la pol\u00edtica peruana, que es la eliminaci\u00f3n de adversarios con sanciones en lugar de con propuestas. Se persigue pol\u00edticamente a quienes se consideran rivales, sin importar el contexto ni el impacto que eso tenga en la ya fr\u00e1gil democracia del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
El Congreso, que en su momento instal\u00f3 a Manuel Merino sin medir las consecuencias, parece seguir sin aprender la lecci\u00f3n. Hoy, en su af\u00e1n de revancha, arriesga agravar la crisis pol\u00edtica. Inhabilitar a Sagasti no fortalecer\u00e1 a sus adversarios, pero s\u00ed debilitar\u00e1 a\u00fan m\u00e1s la confianza en las instituciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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