Este jueves 12 el Congreso de la República también definirá en segunda votación el destino de la nueva Ley de Promoción Agraria, una norma que ha despertado pasiones, respaldos técnicos, denuncias sindicales y una enérgica campaña por parte del gremio agroexportador. La norma, aprobada en primera votación con apenas 43 votos a favor 37 en contra y 17 abstenciones, busca reemplazar el vacío dejado por la derogación de la Ley 27360 —el antiguo régimen agrario— a fines del 2020. Según sus impulsores, el nuevo dictamen busca corregir distorsiones, fomentar la formalización, atraer inversión y reimpulsar la agroexportación peruana por unos años.
Para Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), la iniciativa representa un retorno a la sensatez. “Esta es la ley más integradora que hemos tenido.
Devuelve la competitividad al agro, atrae inversión y formaliza al pequeño agricultor. No es una ley para 15 grandes empresas. El 85% de las unidades productivas tiene menos de 5 hectáreas. Esta ley los incorpora”, declaró a CARETAS. Uno de los principales puntos en debate es el tratamiento tributario. La nueva ley restablece el beneficio del 15% del Impuesto a la Renta para empresas del sector, frente al 30% vigente desde la derogatoria. Para Amaro, el cambio es vital: “Antes del año 2000, con tasa plena, jamás superamos los US$700 millones en exportaciones. Con la ley de promoción llegamos a US$12 mil millones. ¿Qué prefiere el Estado: 30% de poco o 15% de mucho?”.
El ministro de Agricultura y Riego, Ángel Manero, ha respaldado abiertamente la iniciativa. “Como Gobierno estamos dispuestos a promulgar la ley agraria si se aprueba en el Congreso”, declaró. “Es una ley que tiene enfoque técnico, favorece la inversión y está alineada con el crecimiento sostenible del agro peruano”.
Pero no todos aplauden el proyecto. Desde la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria (Fentagro), la crítica es directa: “Legaliza condiciones laborales inestables y excluye derechos fundamentales”, afirman en una carta remitida al Congreso. Según el gremio, desde la promulgación de la Ley 31110 en 2020 —que subió los beneficios laborales y eliminó el tratamiento tributario preferencial— el salario real en el agro ha caído 24% y la informalidad ha escalado al 93%. Denuncian, además, que los contratos temporales siguen siendo la norma, y que el nuevo dictamen limita la fiscalización laboral por parte de SUNAFIL.
Amaro responde con dureza: “Fentagro tiene una posición ideológica. Esta ley no recorta ningún derecho, pero sí promueve empleo. Sin inversión, no hay trabajo. Durante el gobierno de Francisco Sagasti y Mirtha Vásquez nunca escucharon al sector productivo. Ahora tenemos un dictamen que nace de varias bancadas, no de una sola posición”. El dictamen incluye capítulos específicos para formalizar tierras, facilitar el acceso al crédito con tasas más bajas, y permitir nuevos modelos de financiamiento asociativo. También promueve el encadenamiento productivo entre grandes empresas y pequeños agricultores, apoyado por incentivos tributarios para quienes integren a estos últimos en sus cadenas de valor.
Además, el contexto internacional influye: los aranceles impuestos por la administración Trump han afectado la competitividad peruana en el mercado estadounidense. “México, nuestro principal competidor, exporta a EE.UU. con 0% de arancel y sin costos logísticos. Nosotros enfrentamos hasta 10%, pese al TLC. Ese sobrecosto lo asumen los exportadores”, señala Amaro. Agrega que los proyectos de irrigación lanzados por el gobierno —23 en total, que sumarían un millón de nuevas hectáreas de cultivos— carecen de viabilidad si no se garantiza seguridad jurídica e incentivos para el capital.
El Ejecutivo ha dado señales claras de apoyo. A diferencia de la oposición que mostró José Arista en el MEF a partir de julio del 24, porque antes la apoyó, el actual MEF Raúl Pérez Reyes respalda el contenido técnico del dictamen, al igual que exministros como José Salardi. Para Amaro, la segunda votación será un punto de quiebre: “Esta ley es una oportunidad para alcanzar los US$50 mil millones en agroexportación, generar empleo y dinamizar las zonas rurales. El agro no aporta el 5% como lo dicen, aporta el 11% del PBI, según el Banco Mundial. Es hora de tratarlo como lo que es: estratégico”.
