Apenas unas decenas de manifestantes se congregaban frente al edificio federal en el centro de Los Ángeles cuando la Casa Blanca ordenó el despliegue de 4000 efectivos entre Marines y la Guardia Nacional. En cuestión de horas, la protesta contra las redadas migratorias se transformó en un símbolo más amplio de resistencia al giro autoritario de Donald Trump. Las imágenes de militares patrullando una ciudad que ya vivió los estragos de la militarización durante las protestas del Black Lives Matter en 2020 evocaron un déjà vu inquietante.
La respuesta fue inmediata. El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó el despliegue como un “descarado abuso de poder” y denunció que Trump opta por “teatralidad antes que seguridad pública”. El alcalde de Los Ángeles, Karen Bass, decretó toque de queda y pidió mantener la protesta pacífica, mientras las autoridades estatales presentaban un recurso de urgencia ante la justicia federal para limitar la intervención militar a la protección de propiedad federal, excluyendo operativos migratorios o acciones de control civil.
El juez Charles S. Breyer aún no emite una decisión definitiva, pero el caso pone de relieve lo que está realmente en juego: no solo se trata de migración o de vandalismo puntual en ciertas calles, sino de la disputa por los límites del poder presidencial en tiempos de tensión interna. En ciudades como Chicago, Nueva York y San Francisco, miles se movilizaron contra las redadas, la narrativa antiinmigrante y las amenazas de “fuerza igual o mayor” vertidas por el propio presidente.
Mientras tanto, el discurso de Trump no cede: describe a Los Ángeles como un “vertedero” y promete “liberarla” del caos. Las redes sociales se inundan de desinformación y mensajes coordinados para exacerbar el miedo y justificar la represión. Todo en la antesala de un desfile militar en Washington donde el presidente ha advertido que los manifestantes “serán recibidos con fuerza”.
Pero los contrapesos se activan: la justicia, los gobernadores, los alcaldes y la opinión pública organizada están impugnando el avance de una lógica que convierte la seguridad en espectáculo y el poder en amenaza. Más allá de sus intenciones, Trump ha encendido una alarma democrática. Y la resistencia ya no se expresa solo en las calles, sino también en las instituciones.
