Ahora queda claro por qué José Salardi fue reemplazado en el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta semana, el Congreso aprobó una controvertida modificación al reparto del IGV que incrementa la participación del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) del 2 % al 4 %, reduciendo la tajada del gobierno central del 16 % al 14 %. Aunque la tasa del IGV se mantiene en 18 %, el impacto fiscal estimado por el exministro Waldo Mendoza es dramático: S/ 10 mil millones anuales. Lejos de observar la norma, el nuevo ministro Raúl Pérez Reyes no solo la respaldó, sino que aseguró que “no hay impacto fiscal”.
La medida, calificada por Mendoza como “la peor ley en lo que va del siglo”, forma parte de una estrategia más amplia de apaciguamiento legislativo. El Congreso exige un crédito suplementario por S/ 1000 millones para gobiernos subnacionales, y la distribución del IGV es apenas la primera concesión en ese juego. La legislatura culmina el 15 de junio, y el voto de confianza del nuevo gabinete –liderado por Eduardo Arana– se ha programado para el día 10. Las presiones seguirán creciendo.
Salardi “aguantó” las negociaciones del crédito suplementario con la comisión de presupuesto que preside Lady Camones, pues consideró que las urgencias eran otras y propuso que pase el mes de mayo. Pero no llegó a tanto en el cargo.
Salardi cayó en ese contexto. La presidenta Boluarte lo sacrificó para intentar salvar a su entonces primer ministro Gustavo Adrianzén, acorralado por la masacre en Pataz y su pobre manejo político. La jugada fue inútil: Adrianzén cayó igual, y el Ejecutivo perdió a su ministro más sólido y con mejor interlocución con gremios empresariales y multilaterales.
En paralelo, Pérez Reyes ha anunciado el cambio de la regla fiscal del 2.2 % al 2.8 % del PBI para este año, y solicitará facultades legislativas para aumentar la recaudación. Aunque todavía no se conoce la propuesta oficial del MEF, en el Congreso circula una iniciativa del presidente de la Comisión de Economía, Ilich López, que plantea reducir el IGV del 18 % al 15 % en cinco años, y compensar la caída con un aumento temporal del impuesto a la renta.
En tres meses y medio de gestión, Salardi pisó muchos callos. Reformó el sistema de Asociaciones Público-Privadas (APP), reestructuró el MEF, anunció la “extinción” de 14 programas públicos –incluido Provías–, y se opuso a mayores fondos para Petroperú y a créditos extraordinarios sin sustento. También rechazaba el uso indiscriminado del modelo de Gobierno a Gobierno, defendido por ministros como Morgan Quero y el propio Pérez Reyes.
El nuevo titular del MEF ha iniciado su gestión con una consigna de “continuidad con correcciones”. Pero sus primeras declaraciones evidencian más ruptura que continuidad. Ha criticado la reforma de las APP impulsada por su antecesor, cuestionado la eliminación de programas por considerarla “improvisada” y reivindicado el uso del modelo G2G para megaproyectos como las líneas 3 y 4 del Metro de Lima.
La posición del nuevo ministro termina siendo diametralmente opuesta a la de Salardi. Y no es la única. En su breve gestión de poco más de tres meses, Salardi reformó el régimen de APPs siguiendo el modelo colombiano, donde ProInversión asume la responsabilidad integral del ciclo de proyectos. El objetivo: evitar que los proyectos queden a la deriva en ministerios ineficientes y plagados de arbitrajes. La reforma fue aprobada en el Congreso. Pero Pérez Reyes, desde el MTC, fue el único ministro que la cuestionó en el gabinete.
La reforma afectaba directamente a los programas de su sector, el MTC, bajo modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G), como las líneas 3 y 4 del Metro, la Carretera Central y el Ferrocarril Lima-Ica. Salardi planteaba que esos megaproyectos no serían autofinanciables en dos o tres años y proponía reemplazar el modelo G2G –desordenado y oneroso, sostuvo en el gabinete– por APPs autosostenibles. Pérez Reyes, en cambio, promovía un híbrido que, según la lectura del entorno de Salardi, creaba flujos fiscales ficticios y elevaba el riesgo de iliquidez futura.
Hay que apuntar, por cierto, que el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, también criticó la reforma de las APP y la consideró “una suerte de golpe de Estado que le da un poder enorme a ProInversión”.
Esa reforma estaba amarrada a otro punto sensible: la extinción de 14 programas temporales que habían acumulado años de prórrogas y corrupción. El plan era migrar funciones a una nueva Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), con miras a consolidarla eventualmente como un verdadero Ministerio de Infraestructura. La decisión generó protestas sindicales e incomodidad entre varios ministros, incluido el de Educación, Morgan Quero, y el propio Pérez Reyes.
Más recientemente, el Ejecutivo –a través del MEF ya bajo Pérez Reyes– ha observado la Ley de Zonas Económicas Especiales, pese a que Salardi la había respaldado como motor clave para proyectos estratégicos como el Megapuerto de Chancay. La observación se sustenta en el riesgo de creación de regímenes tributarios que “perjudiquen a la industria nacional”. Pero en el fondo, marca otro paso atrás en la política de atracción de inversiones con visión territorial.
En una detallada presentación ante la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), y pese a las señales de diferencia con su antecesor, Pérez Reyes, un burócrata experimentado, había desplegado un discurso económico optimista: destacó un crecimiento de 3.9 % en el primer trimestre, inflación contenida, reservas sólidas y un riesgo país por debajo del de México, Colombia y Brasil. Resaltó también el repunte de las exportaciones –20.8 % en lo que va del año– con siete regiones en expansión sostenida, y metas ambiciosas en infraestructura, agro y energía: APPs por USD 9 mil millones este año, irrigaciones por USD 22 mil millones y un proyecto de hidrógeno verde por USD 11 mil millones. Reconoció que la pobreza bajó apenas a 27.6 %, y advirtió que su meta es volver al nivel prepandemia en cuatro años. Confirmó además la continuidad del mecanismo de Obras por Impuestos, con inversiones dirigidas al sistema judicial y penitenciario.
Pero el claro sometimiento del MEF a los apetitos parlamentarios en el último año de un gobierno extremadamente débil amenaza con sabotear esa economía cuyos números han sostenido a un país inmerso desde hace años en la convulsión política.
La lógica del nuevo MEF es la del “gradualismo con músculo fiscal”, en sus propias palabras. Pero las señales son mixtas. Mientras se publicita un portafolio de más de USD 17 mil millones en APPs, se desmontan reformas estructurales. Se relajan reglas fiscales mientras se multiplica la presión del Congreso por créditos suplementarios –como el que busca S/ 1000 millones para gobiernos subnacionales antes del 15 de junio, cuando cierra la legislatura–.
El Perú flota entre ajustes cosméticos y gestos al Congreso que erosionan la credibilidad del Ejecutivo. La designación de Pérez Reyes, trasladado desde Transportes, se inscribe en una lógica de rotación, no de liderazgo económico. La presidenta Boluarte, atrapada en una espiral de supervivencia política, ya suma 65 ministros en 17 meses. Y el MEF, último bastión de coherencia técnica, corre el riesgo de ser colonizado.
