El exfuncionario de ProInversión, Alberto Pasco-Font, ha sido sentenciado en primera instancia a nueve años de prisión por colusión con el expresidente Alejandro Toledo en el caso Interoceánica. Sin embargo, no hay un solo testimonio directo que lo incrimine. Lo que sí hay es una estrategia fiscal que, para poder condenar a Toledo por colusión (y no solo por lavado de activos), requería forzosamente involucrar a funcionarios públicos con capacidad de adjudicar contratos. El comité de ProInversión, donde participaba Pasco-Font, se convirtió así en una pieza clave para sostener ese andamiaje legal.
Hoy, Pasco-Font permanece en libertad bajo reglas de conducta, esperando que la Primera Sala Penal de Apelaciones revise la sentencia. La defensa ha apelado, al igual que la de Toledo, y el proceso en segunda instancia está entrampado por una recusación a dos magistrados del tribunal.
COLABORADORES EFICACES…EN CONTRA DEL CASO
Los testimonios de cuatro colaboradores eficaces –Jorge Barata, José y Fernando Graña Miró Quesada, y Fernando Castillo– han sido categóricos: no hubo concertación con Pasco-Font. Aun así, el colegiado que emitió la sentencia omitió estas declaraciones al evaluar su caso, aunque sí las utilizó para sustentar la condena a Toledo. “Esa selectividad es arbitraria”, denuncia su abogado, Francisco Ugaz. “No puedes usar las declaraciones cuando te conviene y luego ignorarlas cuando benefician al acusado”.
Peor aún: el fiscal José Domingo Pérez, sabiendo que Barata negaría cualquier colusión, evitó hacerle la pregunta clave. Fue la defensa, en Curitiba, la que debió formularla. La respuesta fue clara: Barata no se coludió con Pasco-Font. Pero eso no detuvo la acusación.
El caso fiscal no se sustenta en pruebas directas ni en pagos indebidos. La imputación se basa en decisiones administrativas del comité durante el proceso de concesión, interpretadas como “indicios” de irregularidades. No hay coima. No hay enriquecimiento. No hay testimonio directo. Solo una tesis: como Toledo, en su rol de presidente, no podía legalmente adjudicar contratos, necesitaban imputar a quienes sí podían hacerlo para sostener el tipo penal de colusión.
“Podían haberlo procesado solo por lavado de activos, como a los Humala, y alcanzar penas similares”, explica Ugaz. “Pero como el delito de cohecho estaba prescrito, forzaron una figura de colusión para darle peso al caso, arrastrando a personas inocentes en el proceso”.
“COLABORAR” PARA NO IR PRESO
Más allá del caso específico de Pasco-Font, la defensa apunta a un fenómeno más amplio: la perversión del sistema de colaboradores eficaces como instrumento de presión fiscal. Francisco Ugaz describe un mecanismo donde se disfraza como colaboración lo que, en la práctica, es una rendición forzada ante el miedo.
“Hay varios colaboradores que, en verdad, no han hecho nada y ellos mismos lo reconocen en privado”, señala. “Aceptan una responsabilidad que no les corresponde, simplemente porque saben que si no firman un acuerdo con la Fiscalía pueden acabar con prisión preventiva o una condena mucho más dura”.
Según Ugaz, esta lógica ha generado un incentivo perverso: es más seguro declararse culpable y obtener una pena suspendida, que enfrentarse a un proceso largo e incierto. “Los fiscales usan la amenaza de la cárcel como arma de negociación. Te dicen: colabora o te pido 15 años y prisión preventiva. Esa es la manipulación sistémica”.
“Ya no hablamos de mala interpretación de pruebas. Hablamos de coerción. El sistema ha dejado de buscar la verdad para convertirse en una fábrica de versiones útiles”.
La sentencia contra Pasco-Font no solo cuestiona la solidez de las pruebas, sino la integridad del sistema que las sustenta. En su afán por lograr una condena ejemplar contra Toledo, la Fiscalía ha terminado comprometiendo su propia legitimidad. Y mientras tanto, una justicia que fuerza culpables para castigar a otros corre el riesgo de convertirse en otra forma de impunidad.
La Contraprestación de Villarán
La fiscalía ha solicitado que el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, se adelante de septiembre a julio de este año. El fiscal José Domingo Pérez argumenta que ya se cuenta con los elementos suficientes para iniciar el proceso. La defensa de Villarán, sin embargo, cuestiona el pedido y advierte que podría comprometer el uso de pruebas obtenidas mediante cooperación internacional. La exalcaldesa reconoce haber recibido fondos de Odebrecht y OAS para la campaña del No a la revocatoria, pero niega haber recibido dinero para su beneficio personal.
A diferencia de otros casos como el de Keiko Fujimori u Ollanta Humala, el caso de Villarán incluye una presunta contraprestación directa: la modificación de contratos de peaje en favor de las constructoras brasileñas, lo que habría perjudicado al municipio. Rafael López Aliaga ha sido una de las voces más críticas, recordando que bajo su gestión se denunció la alteración del contrato original con OAS y el alza del costo del peaje en Lima.
