Fugas, armas y wifi clandestino evidencian el colapso del sistema penitenciario peruano, donde casi 100 mil internos se hacinan en cárceles con capacidad para menos de la mitad. En medio del caos, el Megapenal de Ica, paralizado desde 2020, simboliza la desidia estatal: su costo ya supera los S/ 700 millones, pero el presupuesto actual apenas alcanza para trámites. Mientras tanto, el Gobierno apuesta por privatizar el control penitenciario y el Congreso lanza propuestas radicales como trasladar reos al extranjero. La solución parece tan incierta como el futuro de la infraestructura carcelaria en el país.
En los últimos meses, la crisis del sistema penitenciario peruano ha estallado en forma de titulares explosivos: armas, celulares, redes wifi clandestinas y fugas se han detectado incluso en penales de máxima seguridad. Esta situación, lejos de ser aislada, confirma el colapso estructural de una red penitenciaria obsoleta, sobrepoblada y peligrosamente desatendida por décadas.
En medio de esta debacle, el Megapenal de Ica, que prometía ser el establecimiento carcelario más grande y moderno del Perú, sigue siendo una gran mancha en el expediente del Estado. Paralizada desde 2020, la obra apenas ha avanzado en medio de disputas contractuales y una cadena de omisiones. Ahora, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ha reactivado el proyecto, pero los obstáculos financieros y administrativos siguen presentes.
Iniciado en 2018 con una inversión proyectada de S/ 380 millones, hoy se estima que costará más de S/ 700 millones. El saldo pendiente es de S/ 503 millones, pero para 2024 solo se han destinado S/ 30 millones. Este presupuesto solo alcanza para culminar un nuevo expediente técnico, sin avances físicos en obra. El penal, ubicado en el distrito de Santiago, Ica, está diseñado para albergar a 3168 reclusos en 944 celdas.
Sin embargo, su impacto real es limitado: apenas cubriría el 5,7 % del déficit actual. Y es que, según datos del INPE, el país tiene 98 271 internos, pero una capacidad de solo 41 000 espacios. Existen 69 penales en todo el país, donde ya se alojan cerca de 99 700 internos. De ellos, 50 presentan hacinamiento crítico, con algunos superando el 300 % de capacidad. A esta realidad se suma otro dato: no se ha construido una cárcel nueva en más de siete años.
Frente a este escenario, el Congreso ha abierto múltiples frentes legislativos. Proyectos de ley plantean desde privatizar cárceles completas hasta crear penales descentralizados y productivos. Una de las iniciativas más polémicas la propone la congresista Jhakeline Ugarte, quien sugiere trasladar a internos de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad en El Salvador, como parte de un convenio bilateral.
La privatización, por ahora, parece ser el rumbo que el Gobierno quiere explorar. El Ejecutivo, a través del MINJUSDH, alista un Decreto Supremo que autorice la privatización del control de ingreso a los penales. Este sería el primer paso hacia una eventual concesión integral de la gestión penitenciaria, una idea siempre controversial. La propuesta incluye que los internos realicen trabajo obligatorio y productivo, cuyos ingresos se destinen a cubrir sus necesidades básicas.
En el Congreso, la iniciativa más radical plantea que la construcción y gestión carcelaria pasen a manos privadas mediante concesiones, como proponen Ana Zegarra (Somos Perú) y Wilson Soto (Acción Popular). Otras iniciativas apuntan a descentralizar los penales hacia regiones, como plantea Isaac Mita (Podemos Perú), o incluso a trasladar reos condenados por delitos graves a El Salvador, según el proyecto de Jhajkelin Ugarte (Bloque Magisterial). Además, se propone fomentar cárceles productivas, como en el Proyecto de Ley N.º 5643/2023-CR, que busca integrar empresas para generar empleo interno. A esto se suman modelos de autosostenibilidad agrícola y la intención del MINJUSDH de privatizar el control de ingreso penitenciario. En conjunto, estos proyectos revelan un sistema bajo presión que intenta reinventarse, aunque con escasa articulación y sin una reforma integral a la vista.
Lo cierto es que el sistema penitenciario peruano está colapsado, y los proyectos como el Megapenal de Ica –más símbolo del abandono que de la modernización– no alcanzan para revertir una realidad que se ha salido de control.
TC AMPLIÓ PLAZO PARA REDUCIR HACINAMIENTO CARCELARIO HASTA 2030
Al cierre de la presente nota el Tribunal Constitucional (TC) resolvió ampliar por cinco años más el plazo para que el Estado peruano supere el crítico hacinamiento en los penales del país. La medida, tomada a pedido del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), prolonga hasta el año 2030 el cumplimiento de la sentencia emitida en 2020, que había establecido un plazo inicial de cinco años, vencido el pasado 27 de mayo. En su fallo, el TC consideró que eventos extraordinarios como la pandemia de Covid-19 y el ciclón Yaku afectaron gravemente la capacidad presupuestal del Ejecutivo para implementar reformas estructurales en el sistema penitenciario. A cambio del nuevo plazo, el Tribunal ordenó que el Minjus y el INPE informen anualmente, en enero, sobre los avances concretos de la Política Nacional Penitenciaria al 2030. El cumplimiento será evaluado y podría derivar en nuevas disposiciones si no se registran progresos significativos.
Seis Años sin Escuela de Oficiales
La promesa de una moderna Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Chorrillos se convirtió en un monumento al retraso institucional. Cuatro promociones egresaron sin haber pisado la sede que debía formarlos, y el proyecto solo ahora parece reactivarse, tras años de paralización, controversias y millones de soles ya desembolsados.
En 2019, la emblemática escuela policial de Chorrillos fue desalojada y trasladada temporalmente a la sede de suboficiales en Puente Piedra. La decisión fue parte de un ambicioso proyecto de modernización: demoler la vieja infraestructura y construir una nueva sede con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), encargada del concurso internacional.
La empresa ganadora fue Constructora Málaga Hnos. S.A., pero la historia pronto se torció. Durante la ejecución del proyecto, Málaga demolió un pabellón que no estaba previsto para ser tumbado en el expediente técnico original. El Estado, en lugar de asumir el cambio como una modificación contractual, consideró que se trató de un exceso unilateral. Esto desató una controversia legal que terminó paralizando la obra.
A pesar del litigio, el Estado ya había transferido alrededor de S/ 200 millones a la constructora, sin que el proyecto avanzara ni se reubicara a los cadetes en instalaciones propias. Cuatro promociones de oficiales se graduaron en sedes improvisadas, sin haber pisado Chorrillos, el corazón histórico de la formación policial.
El caso retrata otra cara del deterioro del sistema de seguridad: no solo faltan cárceles funcionales, como evidencia el caso del penal de Ica, sino que también se ha saboteado durante años la formación institucional de quienes deberían liderar el combate al crimen.
Recién en 2023, el Ministerio del Interior anunció la reactivación del proyecto. La empresa China Gezhouba Group Company Limited Sucursal Perú, el contratista número 33 del mundo, asumió la ejecución de los trabajos.
Sin embargo, la sombra del caso Málaga persiste: ni el Ministerio del Interior ni la propia OIM han aclarado públicamente el destino del dinero ya transferido, ni las responsabilidades por el colapso contractual. El vacío no es solo físico. También es institucional.
