Martín Vizcarra no puede postular. Al menos, dice él, no por ahora. El expresidente está inhabilitado para ejercer cargos públicos por decisión del Congreso. A la vuelta de la esquina lo espera una sentencia que lo podría llevar 15 años preso. Y, sin embargo, en la última encuesta de CPI aparece como el líder en intención de voto con 15.1 %, superando a Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Carlos Álvarez.
En momentos así, se multiplican las voces que consideran toda encuesta una estafa. Vizcarra, ciertamente, cuenta con pocos aliados entre políticos (aunque algunos medios y periodistas que fueron muy entusiastas durante su breve gobierno lo siguen mirando con no tan secreta esperanza). Pero la paradoja no es menor: comprensiblemente, buena parte de las encuestadoras evita incluirlo por su situación jurídica. Pero cuando lo hacen, como ahora CPI, el resultado es claro: su figura concentra una porción relevante del electorado, sobre todo en esa tierra de gnomos políticos que es el Perú. Ese dato pone en cuestión las proyecciones de otras encuestas, como la de CIT, que no lo incluye entre los nombres medidos. ¿Dónde va ese voto en su ausencia?
Los números en ambos sondeos no son muy distintos para opciones como Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Verónika Mendoza y hasta Phillip Butters. Una pista aparece al observar que, en la encuesta de CIT, Carlos Álvarez lidera con 15.8 %, seguido de Fujimori y López Aliaga. En ese universo sin Vizcarra, el cómico y conductor encarna –con un discurso claramente antipolítico, anticongreso y frontal– una especie de heredero del “que se vayan todos” que caracterizó el momento vizcarrista. Sin Vizcarra en CIT, Álvarez va al primer puesto. Con el expresidente en el tarjetero, el comediante se va al cuarto lugar. Provoca pensar que se mueve en un territorio electoral semejante. Si le creemos a su personaje, Álvarez podría cerrar el Congreso. Pero Vizcarra ya lo cerró. Es el explosivo cóctel de un Parlamento cada vez más deficiente con un marcado temperamento antidemocrático en buena parte de la población.
Ambos, Vizcarra y Álvarez, canalizan el rechazo visceral a la clase política, el descrédito del Congreso y una demanda de orden sin intermediarios. No es casual que ambos sean figuras mediáticas —uno desde el poder, otro desde la sátira— con lenguaje directo, símbolos fuertes y poco respeto por las formas institucionales. El dato es tan potente como incómodo: en un país donde la política se derrumba, los liderazgos aparecen en clave de excepción.
La encuesta de CPI refuerza ese vacío: casi 20 % anularía o votaría en blanco, y 14 % no precisa una opción. Por el momento, porque esos números se reducen al mínimo en la elección, son casi 7 millones de personas en términos absolutos. Mientras tanto, la aprobación presidencial de Dina Boluarte sigue en caída libre con apenas 2.4 % a nivel nacional.
Vizcarra, el inhabilitado, aparece entonces como el síntoma más claro de una democracia que se niega a morir, pero ya no encuentra a quién votar con ilusión. Y aunque no pueda postular, su influencia obliga a reformular el mapa político y a preguntarse quién está dispuesto a ocupar ese lugar simbólico.
EL INHABILITADO QUE SIGUE EN CAMPAÑA
Aunque enfrenta múltiples procesos judiciales y dos inhabilitaciones políticas vigentes en entrevista con Nicolás Lúcar de Exitosa, reafirmó su intención de postular a la presidencia en 2026. “Voy a estar acá”, aseguró, en lo que sonó menos a una defensa jurídica que a un mensaje de campaña artificial. La Fiscalía ha solicitado una pena de 15 años de prisión en su contra por presuntas coimas recibidas cuando era gobernador regional de Moquegua.
La ofensiva legal de su defensa, sin embargo, avanza por varias rutas. En diálogo con CARETAS, su abogado Alejandro Salas explicó que Vizcarra enfrenta actualmente dos inhabilitaciones impuestas por el Congreso: una de diez años por el caso Vacunagate –que le impidió asumir su escaño como congresista en 2021– y otra de cinco años por presunta omisión en su declaración jurada cuando fue ministro.
Ambas sanciones, afirma Salas, han sido judicializadas y están en manos del Tribunal Constitucional, donde una ya tuvo vista de causa y la otra está pendiente. Sin embargo, y esto es lo central, Vizcarra ha presentado una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el argumento de que se ha vulnerado su derecho humano a la participación política.
La estrategia busca replicar el caso del hoy presidente colombiano Gustavo Petro, quien fue restituido tras ser inhabilitado cuando era alcalde de Bogotá. Según Salas, la Corte IDH ha establecido que ninguna inhabilitación política es válida si no existe previamente una sentencia judicial firme, algo que en el caso de Vizcarra, en sentido estricto, no ocurre. “El Congreso puede inhabilitar, pero no cuando no hay fallo penal. Ese es el espíritu de la norma, y eso ha sido vulnerado”, sostiene.
Aunque el Tribunal Constitucional todavía no se pronuncia, la vía supranacional permite solicitar medidas cautelares sin agotar el fuero nacional. La defensa espera que la CIDH califique el pedido y eleve el caso a la Corte Interamericana en los próximos dos meses. La solicitud fue ingresada hace más de tres meses.
Sobre la causa penal más grave, en la que la Fiscalía ha solicitado 15 años de prisión por presunta corrupción en Moquegua, Salas estima que la sentencia en primera instancia podría emitirse entre agosto y septiembre. Pero recuerda que, incluso si fuera condenatoria, la legislación peruana solo impide una candidatura si el fallo es firme y consentido, es decir, confirmado por la Corte Suprema. Aunque es fácil imaginar que su entusiasmo se disipe si va preso.
Finalmente, el retiro de la inscripción de Vizcarra del padrón de Perú Primero por parte del JNE, también es señalado por Salas como parte de un patrón de “persecución política” y sería revertido automáticamente si la Corte IDH resuelve a favor del expresidente.
En otras palabras, Vizcarra no ha renunciado a nada. Está a la espera de fallos cruciales en el Tribunal Constitucional, en el Poder Judicial y en la Corte Interamericana. Y, mientras tanto, lidera encuestas. Al menos alguna. Su candidatura está lejos de ser un hecho. Pero por el momento es un dato político.
