La tarde del 27 de mayo, un artefacto explosivo fue encontrado en la puerta principal del penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho. Junto al objeto se halló una carta extorsiva dirigida a las autoridades del INPE, en la que se exigía el traslado de un reo específico, presuntamente vinculado a una red criminal activa desde el interior del penal.
Agentes de la Policía Nacional activaron el protocolo de emergencia con apoyo de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), confirmando que el dispositivo tenía capacidad letal. Este nuevo incidente pone en evidencia la presión de organizaciones criminales que buscan influir en decisiones penitenciarias mediante actos intimidatorios.
La misiva contenía amenazas explícitas contra el personal del INPE y advertía de un atentado mayor si no se cumplía con el traslado del interno aludido. Por razones de seguridad, las autoridades no han revelado su identidad, pero han señalado que se encuentra bajo evaluación del área de inteligencia penitenciaria.
Este caso se suma a un incidente similar ocurrido en enero, cuando una granada y una nota amenazante fueron dejadas en la entrada del mismo penal. Ante esta alarmante señal de mafias operando desde los centros penitenciarios, las autoridades han intensificado las investigaciones y reforzado la seguridad.
