EL DESAFÍO DE LAS ALIANZAS
Uno de los puntos más polémicos es el plazo para la inscripción de alianzas electorales. El cronograma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) propone que las alianzas se registren hasta el 12 de mayo, mientras que una iniciativa de Renovación Popular busca extender el plazo hasta octubre. Villalobos considera que una prórroga moderada podría ser razonable, pero extenderla hasta octubre sería inviable, ya que colisionaría con otros hitos del proceso electoral.
Naupari advierte que las alianzas tienen implicaciones complejas: “Una alianza no es solo la suma de partidos, sino que debe adoptar su propia elección primaria y su padrón electoral. No se puede mover el plazo sin afectar toda la estructura del proceso”. Además, señala que el sistema peruano permite la posibilidad de alianzas solo para la plancha presidencial, dejando a cada partido su propia lista congresal, una estrategia que algunos buscan reforzar en las modificaciones.
PRIMARIAS Y SUS DESAFÍOS
Las primarias se realizarán el 16 de noviembre, según la propuesta del JNE. Pero su aplicación sigue siendo un punto de fricción. Naupari resalta que las modalidades actuales (abierta, cerrada y por delegados) generan desigualdades, ya que partidos con grandes padrones como Acción Popular o APP enfrentan requisitos mucho más exigentes que agrupaciones pequeñas.
Por su parte, Villalobos señala que la desaparición de las PASO ha generado un embalse de partidos sin mecanismos claros para filtrar candidaturas, lo que podría traducirse en una sobrecarga del sistema electoral. “En Argentina, las PASO permitían una depuración natural. Sin ese filtro, vamos directo al caos”, advierte.
LA PROLIFERACIÓN DE PARTIDOS Y SU IMPACTO
El número de partidos en competencia podría llegar a 50. Tello advierte que, de concretarse este escenario, el número de candidatos podría superar los 18 000. “El elector se enfrentará a una cédula confusa y descomunal. La dispersión del voto será extrema, y la gobernabilidad quedará comprometida desde el inicio”.
Para contrarrestar esto, Tello sugiere que se permita a los partidos débiles no postular en esta elección sin perder su inscripción. “En 2016, varios partidos hicieron esto y sobrevivieron para la siguiente elección. Es una alternativa para reducir la fragmentación sin forzar eliminaciones abruptas”. Para Tello, sería un disuasivo con el objeto de evitar una cédula de votación inmanejable y en esa línea va el proyecto de ley que presentó recientemente Diego Bazán (RP).
Villalobos, en cambio, considera que el huayco de partidos de 2026 podría ser el último, ya que la gran mayoría no pasará la valla del 5 % y las modificaciones recientes a la Ley de Organizaciones Políticas establecen requisitos más estrictos para la inscripción de partidos. Antes, un partido podía inscribirse con el 0.1 % del total de electores del padrón electoral de la última elección, lo que significaba alrededor de 27 000 afiliados. Sin embargo, con la reforma, ahora se exige una afiliación mínima del 3 % del total de votantes, lo que en un escenario de 18 millones de sufragantes representa 540 000 adherentes adicionales a los 27 000 afiliados.
Además, hay una propuesta legislativa en el Congreso para elevar este umbral al 10 %, lo que haría aún más difícil la inscripción de nuevos partidos, ya que requerirían el respaldo de hasta 1.8 millones de adherentes.
Según Tello, esta nueva normativa pretende cerrar la puerta a partidos sin estructura sólida, pero también genera un riesgo de exclusión excesiva, limitando la renovación política.
BICAMERALIDAD Y REPRESENTACIÓN
Otro punto crucial es la nueva estructura del Congreso. La reforma estableció una Cámara de Diputados con 130 escaños y un Senado con 60. Pero Naupari alerta sobre un vacío legal en la distribución de senadores: “El 5 % requerido para acceder a escaños se aplicará al Senado en su conjunto, sin diferenciar entre distritos múltiples y distrito único. Esto podría concentrar la representación en Lima”.
Villalobos añade que el Congreso eliminó el requisito de representación descentralizada en el Senado. “Teóricamente, todos los senadores podrían ser elegidos en Lima. En 2031, cuando se apliquen nuevos criterios de representación, la situación podría ser aún más dramática”.
Tello, por su parte, propone dividir Lima en distritos electorales internos para equilibrar su peso en la representación. También señala que el verdadero poder estará en el Senado, que tendrá capacidad de veto y designación de altos funcionarios. “Quien controle el Senado tendrá más poder que el propio presidente”, advierte.
BOMBAS DE TIEMPO Y AMENAZAS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Naupari subraya que hay varios aspectos del cronograma electoral que deberían ajustarse por ley, pero que se están manejando por reglamentos administrativos. Esto podría abrir la puerta a impugnaciones que pongan en riesgo la validez del proceso. “Si se repiten los errores de 2022, el proceso podría verse comprometido por demandas de inconstitucionalidad”.
Además, el control del conteo de votos sigue siendo un punto álgido. Villalobos recuerda que, en la elección de 2021, la negativa del JNE a un recuento alimentó acusaciones de fraude. “El escrutinio es público e ininterrumpido, pero no se han implementado mecanismos adicionales para dar más confianza al proceso. Se podría cotejar el número de electores con la lista de votantes, por ejemplo”.
FECHA LÍMITE
Con un Congreso que tiene hasta el 13 de abril para realizar modificaciones, el margen para los ajustes es cada vez más estrecho. Los expertos coinciden en que cualquier cambio debe hacerse con mesura, evitando improvisaciones que puedan generar más caos. “No podemos seguir dejando todo para el final. Cada cambio en el calendario impacta en cascada en todo el proceso electoral”, concluye Naupari.
La gran pregunta es si el Congreso podrá resistir la tentación de modificar las reglas del juego a última hora o si se impondrá la racionalidad para garantizar elecciones ordenadas en 2026. (Enrique Chávez).
