Por: CARLOS PAREDES *
El viernes 18 de octubre de 2024 fue un “viernes trece” para el Fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena. Ese día no pudo pasar de interino a titular. Era uno de los dos candidatos entre los que, la incompleta Junta de Fiscales Supremos, que solo cuenta con la mitad de sus miembros titulares, debía elegir al hombre o a la mujer que reemplazaría a la defenestrada Patricia Benavides. Era una ventana de oportunidad para enrumbar a una institución devaluada por la mediocridad de la mayoría de sus fiscales emblemáticos y por una evidente politización de los envalentonados equipos especiales. Pero, esa mañana de viernes, Pablo Sánchez Velarde, el tres veces titular de la institución, tenía en sus manos la elección. Y decidió hacerle el milagro a Delia Milagros Espinoza Valenzuela, la otra candidata a la que convirtió en flamante Fiscal de la Nación. En apenas cuatro meses en el cargo, las decisiones de Delia Espinoza, como la investigadora de los que votaron por ella, están demostrando que su elección fue producto de un acuerdo ilegal de “toma y daca” entre tres de los cuatro integrantes de la Junta de Fiscales Supremos.
EL PODER DE UN FISCAL DE LA NACIÓN
En el Ministerio Público debería haber por lo menos siete fiscales supremos titulares, no cuatro como hay en este momento. En condiciones regulares, cinco fiscales supremos titulares deberían liderar igual número de fiscalías supremas especializadas, y uno más ser designado como representante de la institución ante el Jurado Nacional de Elecciones. Cada cuatro años, la Junta de Fiscales Supremos (integrada solo por titulares) debe elegir a la autoridad con más poder en una institución autónoma que, se supone, debiera ser objetiva, técnica, profesional, para defender la legalidad como titular de la acción penal. El Fiscal de la Nación es la única autoridad con prerrogativas para denunciar a los aforados (altas autoridades del Estado, empezando por el presidente de la república), el único que puede autorizar una investigación por enriquecimiento ilícito de cualquier ciudadano, y solo él o ella puede autorizar que un fiscal de menos rango sea investigado por algún delito. Con el nuevo Código Procesal Penal y leyes controvertidas, como el Decreto Legislativo 1373 de Extinción de Dominio (ley elaborada al amparo de facultades legislativas que le dio el Congreso al gobierno de Vizcarra, cuya constitucionalidad nunca se revisó en el parlamento) e incluso la Ley de Lavado de Activos, los fiscales han terminado premunidos de un poder casi omnímodo, determinante para disponer de la libertad o el patrimonio de cualquier mortal. No son pocos los casos de carpetas fiscales llenas de “notas de inteligencia”, “testigos protegidos” o “colaboradores eficaces” que no son tan eficaces, cuyo solo dicho ha servido para que los fiscales pidan prisiones preliminares o preventivas, que son aceptadas por jueces irresponsables, haciendo de la cárcel anticipada la regla general y no la excepción, como debe pasar en un Estado Constitucional de Derecho.
EL CONTEXTO DE LA ELECCIÓN
Después de la estrepitosa caída de Patricia Benavides, a quién se le acusó de haber dirigido una supuesta organización criminal multipropósito, al interior del Ministerio Público, se produjo una especial preocupación para saber quién debiera ser su reemplazante, teniendo en cuenta la crisis sostenida al interior de la institución y su descrédito agudizado en los últimos dos años. Así como la crisis política y de gobernabilidad han hecho que, en los últimos diez años, tengamos ocho presidentes de la república, en el Ministerio Público también hay una estadística similar que nos da cuenta de una crisis intestina de liderazgo, profesionalismo y prolijidad: nueve Fiscales de la Nación en apenas una década. Uno de ellos, Pablo Sánchez, tuvo una tercera gestión de apenas cuatro días, del 7 al 11 de diciembre de 2023.
Otra estadística escalofriante es que, de los aproximadamente ocho mil fiscales de toda la jerarquía a nivel nacional, 5253 han sido sancionados de alguna manera (62 % de los fiscales). O, lo que es peor todavía, según una encuesta de Ipsos Perú de diciembre del 2024, el 74 % de los encuestados dice no confiar en la Fiscalía de la Nación, una institución que es cuatro puntos menos confiable que la encuesta del año anterior.
En medio de esta crisis de credibilidad, el problema para elegir al nuevo Fiscal de la Nación fue que no había muchas opciones entre quienes escoger. Con el regreso de Zoraida Ávalos, que fue expeditivamente repuesta por orden judicial después que el Congreso la inhabilitó por falta grave, eran cuatro los fiscales supremos que a la vez eran electores y potenciales candidatos. Aunque se especuló que dos viejos conocidos en el cargo, Ávalos y Sánchez, podrían tentar otra vez el cargo, rápidamente se descartó esa posibilidad. Al parecer, Ávalos se dio cuenta que más poder podría tener tras bambalinas, previo acuerdo con Delia Espinoza, que siendo el foco de atención de la prensa independiente si regresaba al cargo con el rosario de cuestionamientos que carga en su mochila: desde su blindaje poco discreto a Martín Vizcarra y Pedro Castillo hasta los títulos académicos truchos que presentó para engrosar su currículum. Por su parte, Sánchez sufre de una enfermedad neurológica terminal que cada día hace más estragos en su salud. Últimamente se le ha visto con dificultades para hablar y caminando lentamente, sosteniéndose de una silla médica. Además de la salud, Sánchez tenía, hasta hace poco, por lo menos tres investigaciones sobre graves inconductas en el ejercicio de su cargo como Fiscal de la Nación: los casos Chisac, archivo de denuncias mutuas con Patricia Benavides e IDL-Reporteros – Gorriti.
En cambio, los dos últimos fiscales titulares nombrados por la anterior Junta Nacional de Justicia, Juan Carlos Villena Campana y Delia Milagros Espinoza Valenzuela, tenían aspiraciones más realistas para convertirse en titulares de la institución.
EL ÚNICO VOTO QUE DEFINÍA
Antes que Juan Carlos Villena cumpliera un año como Fiscal de la Nación interino, se decidió a convocar a la Junta de Fiscales Supremos para elegir al sucesor de la cuestionada Benavides. Era la primera quincena de octubre del año pasado. La convocatoria fue tan sorpresiva que Zoraida Ávalos estaba de vacaciones, pero dio instrucciones a la fiscal suprema provisional María Sokolich Alva, quien estaba reemplazándola en su despacho, para que le pida a Villena que deje sin efecto las vacaciones de Ávalos solo por los días, el 17 y 18 de octubre de 2024. La elección se iba a realizar la mañana del viernes 18. Así lo hizo Villena.
Reunida la Junta de Fiscales Supremos se conoció que eran dos los candidatos: el interino Villena y Espinoza. Era obvio que, siendo apenas cuatro los electores, cada candidato iba a votar por sí mismo. También era vox populi que Zoraida Ávalos alentaba la candidatura de Espinoza y, también se especulaba en los pasillos del piso diez del viejo edificio de la avenida Abancay, que ambas habían llegado a un acuerdo para que varios exfuncionarios y fiscales de la era Ávalos regresen en una eventual gestión de Espinoza. Si no hubo ese acuerdo es pura coincidencia que la secretaria general del Ministerio Público sea Ana María Velarde Roa, la misma de la era Ávalos. O que la fiscal, ahora superior gracias a la JNJ anterior, Fany Quispe Farfán, mujer de absoluta confianza de Zoraida Ávalos, se haya convertido en una de los superpoderosos coordinadores de la era Espinoza. Quispe Farfán es coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada y enlace de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas.
Es decir, tanto Villena como Pablo Sánchez sabían perfectamente que Delia Espinoza contaba con el voto de Ávalos (2-1 frente a su contendor) y que el voto de Sánchez era el definitivo. Si votaba por Villena, se producía un empate (2-2) que, de acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio Público, tenía que dirimirlo el fiscal supremo titular más antiguo. En este caso, el mismo Sánchez. Y, si su primer voto era por Villena, lo lógico es que el segundo también. Un escenario no descartado en la fiscalía porque Pablo Sánchez había tenido gestos, palabras y consideraciones personales para Villena. Incluso había llegado a decir que era hora que una nueva generación de fiscales asuma el liderazgo en el Ministerio Público, refiriéndose expresamente a Villena.
Esto lo sabía Delia Espinoza. Hay versiones de fiscales serios que sostienen que se produjo una negociación directa entre Sánchez y Espinoza para definir su elección. Sánchez le daría su voto en primera instancia, como así sucedió, eligiendo a Espinoza por 3-1, a cambio de que ella, una vez en el cargo, archive las denuncias que preocupaban al veterano Pablo Sánchez Velarde: las carpetas fiscales “Caso Chisac”, “Caso Sánchez-Benavides” y “Caso Gorriti-IDL-Reporteros”. Cosa que ha sucedido de manera escandalosa en las últimas semanas. No ajeno a estas tribulaciones, Villena, todavía como Fiscal de la Nación interino, preparó, junto a su equipo de fiscales supremos adjuntos, un proyecto de resolución (Carpeta Fiscal N° 33-2024) acusando tanto a Pablo Sánchez como a Patricia Benavides de los delitos de cohecho pasivo específico. Una acusación constitucional que nunca llegó a firmar. Fuentes bien informadas de fiscalía sostienen que lo hizo para también negociar con Pablo Sánchez, confiando que este iba a darle su voto. Pero se equivocó. Sánchez fue a lo seguro, amarró el paquete con Delia Espinoza y Zoraida Ávalos. El nuevo triunvirato que ahora gobierna el Ministerio Público, una institución a la que Delia Espinoza no ha sido capaz de devolverle cierta credibilidad y profesionalismo. Todo indica que ha querido complacer a todos los poderes fácticos, internos y externos, anclados en la institución a la que han usado como chaveta política, para investigar a sus enemigos de turno, exonerando a sus aliados. La pérfida lógica de “corruptos buenos, y corruptos malos”, lamentablemente no ha terminado en la gestión de Delia Espinoza. Todo lo contrario. Es el regreso al peor pasado. No solo de Zoraida Ávalos sino, incluso, de Blanca Nélida Colán Maguiño, la fiscal títere de Vladimiro Montesinos.
* Autor del libro “El perfil del Lagarto”.
