Pedro Castillo sigue en lo suyo: el engaño y la manipulación. Ahora, desde prisión, inicia una huelga de hambre como si fuera un preso político y no el autor de un golpe de Estado torpe y frustrado. Sus abogados –algunos argentinos, otros entusiastas internacionales de los caudillos en desgracia– y personajes como la presidenta de México insisten en querer hacer “cholitos” a los peruanos con una narrativa absurda: que Castillo no cometió delito alguno y que su proclama fue solo un discurso sin consecuencias. Pero la realidad es ineludible.
Castillo, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no solo anunció un quiebre constitucional. Dio instrucciones directas al comandante general de la Policía para cerrar el Congreso y detener a la Fiscal de la Nación. Es decir, no se quedó en palabras. Ordenó acciones concretas con la convicción de que contaba con respaldo militar y policial. La pregunta clave es: ¿por qué creía tener ese apoyo?
Al interior de su círculo más cercano, el rol de Betsy Chávez se hace cada vez más evidente. Su intervención en TV Perú el mismo 7 de diciembre dejó claro que el autogolpe se validaría con un decreto supremo. Su responsabilidad es innegable. Aníbal Torres, en cambio, intenta salvarse alegando ignorancia, pero su falta de sorpresa ante los hechos levanta sospechas.
La gran incógnita es qué le hizo pensar a Castillo que las Fuerzas Armadas lo seguirían. Gustavo Bobbio, su efímero ministro de Defensa (menos de tres días en el cargo), sugiere que algún “general chotano” pudo haberle hecho creer que contaba con respaldo. Sin embargo, el entonces jefe del Comando Conjunto, Manuel Gómez de la Torre, había sido tajante en sus previos trascendidos de prensa: no habría apoyo para ninguna salida inconstitucional, ni un golpe ni una vacancia dudosa.
La defensa de Castillo y sus exministros ha rechazado los cargos y ha sostenido que la crisis política de diciembre de 2022 fue consecuencia de la constante obstrucción del Congreso a su gestión. Pese a la falta de votos en el Congreso para destituirlo, incluso tras las acusaciones de Salatiel Marrufo sobre las coimas a Castillo, el expresidente optó por la vía autoritaria. El golpe no fracasó por falta de intención, sino por la precariedad de su ejecución. Lo que siguió fue el escape patético y la captura de un hombre que se creyó invulnerable. Ahora, con su huelga de hambre, intenta posicionarse como mártir. Pero los hechos son claros: no es víctima de la historia, sino su propio verdugo.
El proceso judicial en su contra entró en una fase decisiva con la apertura del juicio en su contra, junto a varios de sus exministros y colaboradores más cercanos. En su intervención, la fiscal Galinka Meza presentó un alegato inicial sosteniendo que Castillo quebrantó el orden constitucional y que su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 fue planificado y ejecutado con la complicidad de altos funcionarios de su gobierno.
UNA ACUSACIÓN SIN PRECEDENTES
El Ministerio Público argumenta que Castillo, al anunciar la disolución del Congreso y la reorganización del sistema de justicia, incurrió en los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La fiscal Meza afirmó que el expresidente no actuó solo, sino que contó con la participación de la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y Aníbal Torres, entre otros.
Entre las pruebas se incluyen registros fílmicos de reuniones en Palacio de Gobierno la noche del 6 de diciembre, donde Castillo, Chávez y Aníbal Torres habrían coordinado los pasos a seguir. También se identificó el documento digital “Mensaje.doc”, creado esa misma noche y que contenía el discurso que Castillo leyó al día siguiente en su fallido intento de golpe.
LA LLAMADA QUE CONFIRMÓ EL GOLPE
Durante la audiencia judicial, la fiscal del caso reveló detalles claves sobre la ejecución del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, centrando su exposición en la llamada que el entonces presidente realizó al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro Alvarado, a través del ministro del Interior, Willy Huerta Olivas.
“Después de leer su mensaje a la Nación, el acusado Pedro Castillo, a través de su ministro del Interior, llamó por teléfono celular al comandante general de la Policía Nacional y le indicó la necesidad de comunicarse con él”, relató la fiscal.
El testimonio reconstruye lo que ocurrió en esos momentos críticos, cuando Castillo, convencido de que tenía respaldo policial, impartió órdenes directas para concretar su golpe. “En esa conversación, Castillo Terrones le ordenó que cierre el Congreso, que no permita el ingreso de ninguna persona y que saque a todos los que se encontraban dentro”, precisó la fiscal ante los jueces.
Pero Castillo no se detuvo ahí. “Además, ordenó la detención de la fiscal de la Nación”, señaló la representante del Ministerio Público, subrayando la gravedad del intento de quiebre del Estado de Derecho.
Las pruebas recabadas en la investigación evidencian que el expresidente no solo pronunció un discurso de ruptura constitucional, sino que activó mecanismos concretos para ejecutarlo. “Aquí no estamos ante un simple acto de protesta política. El acusado dio instrucciones claras y directas para la toma del poder por medios inconstitucionales”, concluyó la fiscal.
Sus defensores dicen que no hay rebelión sin alzamiento de armas. ¿Cómo califican sus órdenes a la Policía para cerrar el Congreso?
INCONGRUENCIA MILITAR
Un cabo suelto es la tesis fiscal sobre la relación de Castillo con los militares. Según la fiscal Meza, la estrategia del expresidente incluía cambios claves en la cúpula militar, comenzando con la destitución del comandante general del Ejército, Walter Horacio Córdova Alemán.
“El 6 de diciembre de 2022, el acusado Castillo Terrones solicitó la renuncia del comandante general del Ejército a través del ministro de Defensa, Gustavo Bobbio Rosas”, reveló la fiscal, subrayando que este movimiento buscaba colocar en el cargo a un oficial alineado con los intereses del mandatario.
Según la acusación, Castillo presionó directamente al jefe del Ejército. “El día 7 de diciembre, en horas de la mañana, el acusado Pedro Castillo Terrones se reunió en el despacho presidencial con el exministro de Defensa y con el general Córdova. En ese momento, Castillo le solicitó de manera directa su renuncia”, relató la fiscal.
“Necesitaba un comandante general afín para ejecutar las disposiciones contenidas en su mensaje a la Nación”, explicó la representante del Ministerio Público.
Sin embargo, en sus declaraciones a la prensa posteriores al golpe, Bobbio separó el pase al retiro de Córdova con el golpe posterior. Ambos serán convocados como testigos.
El Ministerio Público ha solicitado una condena de 34 años de prisión para Pedro Castillo, 25 años para Betsy Chávez y Willy Huerta, 15 años para Aníbal Torres y otros, acusándolos de rebelión y conspiración.
