No hubo margen para sutilezas. Durante la misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), encabezada por su presidente José Roberto Dutriz, quedó claro que la relación entre el gobierno de Dina Boluarte y la prensa ha cruzado un umbral peligroso. Los periodistas no solo enfrentan restricciones y ataques desde el poder, sino que el Ejecutivo se ha encapsulado en un círculo donde la confianza prima sobre la eficiencia.
CARETAS participó en la jornada y la coincidencia fue casi total: hay una desconexión sin precedentes entre el gobierno y los medios. Donde antes había líneas fluidas de comunicación –aunque inherentemente tensas– entre el poder y la prensa, hoy hay un diálogo roto. Si bien esto no comenzó con Boluarte, sino con Pedro Castillo, se ha mantenido y profundizado bajo su mandato.
El nombre de Juan José Santiváñez flotó inevitablemente en la discusión. El ministro del Interior es un caso de estudio: un funcionario con un blindaje absoluto dentro del Ejecutivo, que en cualquier otro escenario ya habría caído. “Se baña en aceite”, se comentó en la misión de la SIP, en referencia a su habilidad para sobrevivir a escándalos que habrían tumbado a otros ministros en cuestión de días.
La prensa es vista por el gobierno como un enemigo, y viceversa. Boluarte no tiene interés en recomponer puentes. Pero, ¿qué tan grave es su situación política? ¿Realmente enfrenta una amenaza de vacancia o se mantiene –relativamente– firme en el poder?
GOLPE BLANDO, NÚCLEO DURO
La presidenta ha comenzado a usar una nueva narrativa: la de un “golpe de Estado blando” en su contra. Un concepto que, según fuentes cercanas, no proviene de su propio análisis político, sino de su círculo más cercano, donde destaca la inquietud teórica del ministro de Educación Morgan Quero (ministro que declaró, al ser interrogado por la “portátil” que recibió a Santiváñez de regreso de participar en un compromiso en Bélgica que “la gente nos quiere”).
El argumento es claro: la Fiscalía la persigue con un cúmulo de investigaciones, los medios de comunicación han montado una ofensiva en su contra y el Congreso podría vacarla después de abril, cuando pierda la facultad de disolverlo. Pero, ¿qué tan real es esta amenaza?
El golpe blando es un concepto desarrollado por el politólogo Gene Sharp y ha sido usado en América Latina por figuras como Rafael Correa, Nicolás Maduro y Daniel Ortega para justificar su permanencia en el poder. Implica una secuencia de acciones que generan desgaste y deslegitimación, como denuncias de corrupción, protestas masivas y presión internacional.
En el caso de Boluarte, la parte de las denuncias está en marcha. La Fiscalía ha abierto múltiples carpetas en su contra: desde el escándalo de los relojes Rolex hasta presuntas irregularidades en programas sociales como Qali Warma. Su respuesta ha sido endurecer la confrontación con el Ministerio Público, al punto de que su gobierno ha promovido una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
La pregunta se refuerza: ¿es suficiente para tumbarla?
EL INTENTO DE AUMENTARSE EL SUELDO
Uno reciente y revelador episodio sobre el estilo de Boluarte en el poder es el de su intento de aumentarse su propio sueldo. La presidenta gana 16,000 soles al mes —192,000 soles al año—, mientras que sus ministros pueden llegar a los 30,000.
El sueldo presidencial en el Perú fue reducido en el segundo gobierno de Alan García y, con Ollanta Humala, se estableció un tope de 15,000 soles para los funcionarios de Palacio de Gobierno, salvo excepciones como el secretario general. No obstante, Boluarte ha impulsado cambios a través de Servir, abriendo concursos para directores del despacho presidencial con salarios elevados, donde ha colocado a personas de su confianza.
En sentido estricto, es un tanto ilógico que la jefa de Estado gane menos que los ministros. Pero no hace falta explicar que una mandataria con 3% imagen positiva y no elegida por el voto popular debería abstenerse de emprender tal modificación. Total, una presidente no gasta en nada.
Según pudo confirmar CARETAS, Boluarte ordenó a la oficina legal de Palacio de Gobierno que enviara una propuesta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para justificar un incremento salarial. No se especificaba el monto del aumento, sino solo la viabilidad legal del ajuste.
El documento llegó a manos del entonces ministro José Arista, quien, tras un análisis, concluyó que el incremento era posible, pero evitó fijar una cifra. Boluarte esperaba una solución inmediata, pero Arista optó por no asumir el costo político de la decisión.
El desencuentro se hizo evidente el 29 de enero, un día después de que los gobernadores regionales solicitaran su salida del MEF. Arista se mantuvo firme y declaró públicamente que contaba con el respaldo de Boluarte y el premier. Sin embargo, apenas dos días después, su renuncia fue aceptada y fue reemplazado por José Salardi. Santiváñez, mientras tanto, observaba los cambios con su fajín bien ceñido.
SOSTÉN POLÍTICO Y EMPRESARIAL
A pesar de sus debilidades, Boluarte tiene dos grandes pilares de apoyo: el empresariado y ciertos sectores políticos clave.
El capital no quiere inestabilidad. En esta edición de CARETAS, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Felipe James, es claro: “El gobierno debe completar su mandato”. Palabras similares han sido expresadas por Roque Benavides y otros líderes empresariales. La buena relación con el dinámico José Salardi, el reemplazo de Arista, refuerza la negativa a mover el avispero.
En el plano político, la situación es más ambigua. Fuentes de CARETAS confirmaron que, en los últimos días, operadores del entorno de Boluarte han sostenido conversaciones con figuras políticas clave para evaluar escenarios ante una posible vacancia después de abril.
Keiko Fujimori ha tomado distancia públicamente de la idea de que tiene poder absoluto sobre el Congreso, lo que ha sido aprovechado con sorna por personajes como el expresidente Martín Vizcarra. Esta semana, volvió a declararse derrotada por un fraude en 2021. Mientras tanto, César Acuña mantiene una cuota de influencia significativa en sectores clave del Estado, como el Ministerio de Salud, la Contraloría y el propio manejo del Congreso. Al grupo se suma Perú Libre y el resto de la derecha la pensará bastante antes de embarcarse en una nueva aventura de relevo presidencial.
El análisis de cajón sugiere que los partidos no querrán terminar este mandato vinculados con el sostenimiento de Boluarte. Pero, por más impopular que sea, la mayoría -con excepciones como Podemos, que suma cada vez más congresistas-tampoco se entusiasma con el precio a pagar por sumir de nuevo al país en la inestabilidad. El daño, para bien y para mal, está hecho.
ESCÁNDALOS Y ESTÉTICA
Hoy, la vacancia no parece inminente. Su mayor debilidad es la falta de legitimidad y el aislamiento en el que se encuentra, pero eso no es suficiente para tumbarla.
Los escándalos como sus cirugías estéticas pueden generar ruido, pero su peso real es cuestionable. Incluso una acusación de corrupción enfrentaría el mismo dilema: ¿quién asume la presidencia si Boluarte cae? La derecha no quiere ese escenario y la izquierda carece de fuerza para movilizar a la calle en su contra. El fiasco de Manuel Merino se observa en el espejo retrovisor.
El gran riesgo para Boluarte en los próximos meses es la acumulación de factores en su contra. Si el empresariado comienza a dudar de su estabilidad o si las investigaciones fiscales avanzan lo suficiente para generar un caso irrefutable, el Congreso podría encontrar el pretexto necesario para sacarla.
Por ahora, más que una presidenta a punto de caer, Boluarte parece una mandataria acorralada, pero sostenida por los hilos del pragmatismo político y económico.
