Escribe: JUSTO CARBAJAL AGUIRRE
¿Desidia o negligencia? En apenas ocho semanas, una serie de tragedias ha evidenciado las graves deficiencias estructurales y la falta de mantenimiento en obras vitales. Mientras que en otros países los accidentes en infraestructura son excepcionales, en el Perú se han convertido en una constante, cobrando vidas y afectando seriamente la logística y el desarrollo económico del país.
Hace unos días, el puente de Chancay, ubicado en la Panamericana Norte, colapsó repentinamente. Esta estructura, con más de seis décadas de antigüedad, cedió mientras un bus interprovincial y un vehículo particular lo cruzaban, provocando su caída al río. El saldo fue trágico: tres personas fallecidas y más de cuarenta heridos.
Las investigaciones, iniciadas después de la tragedia –como suele ocurrir–, revelaron que desde 2007 se habían emitido informes alertando sobre la vulnerabilidad del puente ante fenómenos naturales como El Niño. En 2017, la concesionaria Norvial recomendó su reemplazo. Sin embargo, las acciones fueron postergadas y las obras de reconstrucción recién estaban programadas para octubre de este año.
La demora en la toma de decisiones y la inacción de las autoridades reflejan una preocupante negligencia en la gestión de infraestructura crítica. Más allá de afectar la confianza ciudadana, estos incidentes también impactan directamente en la logística y la economía del país.
NEGLIGENCIA Y SU IMPACTO
Apenas una semana después del colapso en Chancay –que generó un cruce de acusaciones entre municipalidades y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones–, el 21 de febrero, el techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza Trujillo se desplomó durante una concurrida noche de viernes. El saldo: seis muertos y 82 heridos.
Este centro comercial, inaugurado en 2007, había sido clausurado a fines de 2023 debido a fallas eléctricas que representaban un riesgo. Sin embargo, fue reabierto en enero de 2024 tras supuestamente subsanar las observaciones. La tragedia puso en entredicho la seriedad de las inspecciones y el cumplimiento de medidas de seguridad en espacios públicos.
Desde el Ejecutivo, la reacción ha sido pasiva. Se ha enfatizado la responsabilidad social, evitando cualquier posibilidad de establecer responsabilidades penales.
IMPACTO EN LA LOGÍSTICA Y LA ECONOMÍA
La infraestructura deficiente no solo pone en riesgo vidas, sino que también afecta la competitividad del país. El colapso del puente de Chancay interrumpió una de las principales vías de conexión entre Lima y el norte, generando congestión vehicular y retrasos en el transporte de mercancías.
Según el Banco Mundial, la calidad de la infraestructura es un factor clave en el desempeño logístico. Un sistema deficiente se traduce en mayores costos operativos, retrasos en la entrega de productos y una menor competitividad en el mercado internacional. Además, la inseguridad en carreteras y espacios públicos puede desalentar la inversión extranjera y perjudicar sectores clave como el turismo.
El caso de Chancay y Trujillo no es aislado. En enero de 2025, un autobús de la empresa Conchucos Express cayó a un abismo en la región Áncash, dejando ocho muertos. Las investigaciones señalaron que el mal estado de las carreteras y la falta de señalización fueron factores determinantes en el accidente.
Estos hechos evidencian un patrón preocupante de negligencia y falta de inversión en mantenimiento de infraestructuras esenciales. La ausencia de planificación preventiva y la reacción tardía ante las advertencias técnicas exigen una reforma profunda en la gestión de obras públicas.
EL EJECUTIVO Y SU PASIVIDAD
Frente a este panorama, el Ejecutivo debe adoptar medidas concretas para garantizar la seguridad de las infraestructuras y, por ende, de la población. Algunas acciones urgentes incluyen:
• Mantenimiento preventivo: Implementar inspecciones regulares y programas de mantenimiento en puentes, carreteras y edificaciones públicas para detectar y corregir fallas antes de que ocurran tragedias. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe reformar su estructura de gestión.
• Transparencia y rendición de cuentas: Asegurar que empresas constructoras y funcionarios sean responsables por la supervisión y ejecución de obras, evitando la corrupción y el uso indebido de recursos. La Contraloría debe reforzar la fiscalización en proyectos de infraestructura.
• Inversión en infraestructura resiliente: Destinar fondos suficientes para modernizar y construir estructuras que puedan resistir fenómenos naturales y el desgaste del tiempo. En el norte del país, por ejemplo, es inaceptable que año tras año El Niño Costero provoque daños predecibles en la infraestructura.
• Planificación basada en datos históricos: Nuestros funcionarios parecen ignorar que los problemas se repiten año tras año. Los desbordes de ríos en la sierra, por ejemplo, generan colapsos recurrentes en puentes y carreteras. En lugar de reconstruir con los mismos diseños ineficientes, se debería analizar el historial climático de los últimos 20 años y diseñar infraestructuras que soporten el peor escenario registrado. Una inversión bien planificada garantizaría una vida útil de 40 a 60 años, en lugar de soluciones temporales.
Finalmente, es fundamental fomentar una cultura de seguridad y prevención. El respeto por las normativas de construcción y mantenimiento no es opcional. Si las empresas privadas no cumplen, deben asumir consecuencias penales.
La historia reciente nos ha demostrado que la inacción y la negligencia pueden ser fatales. Es momento de priorizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, asegurando que tragedias como las de Chancay y Trujillo no se repitan. Los accidentes ya no son lecciones, sino pruebas de una desidia sistemática.
