El expresidente Francisco Sagasti enfrentó la Comisión Permanente del Congreso para responder a la acusación constitucional que lo inhabilitó por 10 años de la función pública, tras el pase al retiro de 19 generales de la Policía Nacional en diciembre de 2020. En su presentación, Sagasti desmontó los argumentos de la acusación, señalando que su decisión estuvo enmarcada en la Constitución y las leyes vigentes.
“Era una situación excepcional que requería medidas excepcionales”, afirmó, recordando la crisis sanitaria y política que enfrentaba el país tras la destitución de Martín Vizcarra y la fugaz presidencia de Manuel Merino. La represión de las protestas de noviembre de 2020, que dejó dos jóvenes muertos y decenas de heridos, había deteriorado gravemente la imagen de la Policía, lo que llevó al gobierno de transición a renovar su cúpula.
Sagasti rechazó las acusaciones de favoritismo en la designación del nuevo Comandante General de la PNP. “No se trataba de una relación de cercanía, sino de confianza en su capacidad y honestidad”, sostuvo. También desmintió que el retiro de los generales haya sido arbitrario, señalando que muchos tenían investigaciones en curso o antecedentes irregulares en su carrera.
En su defensa, el expresidente recordó los logros de su breve gobierno: la adquisición de 78 millones de vacunas contra la COVID-19, la multiplicación de la oferta de oxígeno medicinal y la organización de un proceso electoral pacífico en 2021. “Nuestra gestión terminó con casi el doble de aprobación ciudadana con la que empezó”, subrayó.
Pese a sus argumentos, el Congreso decidió inhabilitarlo, al igual que a los exministros Rubén Vargas y José Elice, en lo que muchos consideran una represalia política más que una sanción con base jurídica.
La inhabilitación de Sagasti no responde a una falta administrativa grave, sino a una narrativa impulsada por un Congreso que busca reivindicar el breve gobierno de Manuel Merino. Más allá de los errores –y delitos– de Martín Vizcarra, la caída de Merino no fue un simple capricho político, sino la consecuencia de un masivo rechazo ciudadano a un Ejecutivo impuesto por el Legislativo en plena crisis sanitaria. Reescribir los hechos para justificar aquella decisión es el verdadero motor de esta sanción contra Sagasti.
Además, el expresidente es percibido como un “caviar” por sectores conservadores, aunque su gestión no se alineó con esa etiqueta. De hecho, fue un crítico del gobierno de Vizcarra y lideró una administración de transición que, con errores y aciertos, brindó estabilidad en un momento crítico.
Sagasti ya ha señalado que no tiene aspiraciones electorales debido a su edad, pero su influencia en la construcción de una opción de centro es innegable. Su inhabilitación no solo busca castigar su breve mandato, sino también bloquear cualquier papel que pueda jugar en un futuro gobierno, ya sea como congresista, senador o primer ministro. En un país que necesita acuerdos y estabilidad, el Congreso ha optado por la vendetta política.